T-OSIDH_CrisisCIDH

Magdalena Cervantes Alcayde

Coordinadora del OSIDH

La falta de presupuesto económico de los dos órganos que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte, no es reciente. Año con año, leemos declaraciones de sus respectivos Presidentes, Vicepresidentes o Secretarios Ejecutivos en el sentido del bajo presupuesto que se les asigna, lo que ha llevado en los hechos a complementar sus recursos a través de aportaciones extraordinarias como vía para para su funcionamiento[1].

Sin embargo, la situación que hoy atraviesa la Comisión Interamericana no tiene referente, enfrentando la más grave crisis financiera en su historia. En un comunicado de prensa emitido el día de hoy[2], se señala la imposibilidad de renovar el 40% del personal de la CIDH a partir del 1° de agosto próximo, resultado de la reducción de los ingresos voluntarios.

¿Qué consecuencias concretas tiene esta disminución de recursos?

  • Impactará directamente en dos áreas sustantivas del trabajo de la Comisión. Por un lado, el grupo de medidas cautelares, a cargo de tramitar las medidas urgentes de protección en casos de amenazas graves e irreparables, cuyo personal será en su totalidad rescindido.

Por otro lado, el grupo de peticiones y casos, a cargo de recibir las peticiones individuales que ingresan a la Comisión[3], verá reducido a más de la mitad su ya limitado número de integrantes, lo cual tendrá un impacto difícilmente reversible en el atraso procesal y una mucho mayor demora en los tiempos de respuesta de los asuntos que llegan a la CIDH.

En suma, un área trascendental de la CIDH quedará desmantelada y la otra trabajando con grandes dificultades en función del reducido número de personal.

  • Que el resto del personal que integra la CIDH, 31 personas incluyendo al personal administrativo, tendrá que hacerse cargo de todas las funciones que lleva a cabo: relatorías temáticas, registro, admisibilidad, fondo, corte, medidas cautelares, monitoreo temático y de país.

En un contexto regional como el actual, en el que cada año aumenta el número de los casos de violaciones a los derechos humanos que llegan a la Comisión Interamericana, resulta particularmente lamentable que dicho órgano no cuente con recursos suficientes para cumplir con su mandato.

  • No habría condiciones para celebrar los próximos dos períodos de sesiones del año (el de julio y el de octubre), lo que llevará a la CIDH a anunciar la suspensión de tales períodos.

Esto implica que las y los comisionados no podrán deliberar casos, medidas cautelares e informes temáticos pero además que la CIDH cerrará -por primera vez en su historia- las puertas para recibir a organizaciones de la sociedad civil y víctimas de la región en audiencias temáticas, de casos y reuniones sobre medias cautelares.

[1] Los presupuestos de la CIDH y de la CoIDH se integran por los ingresos provenientes del fondo regular (recursos asignados directamente por la OEA) y por los ingresos específicos resultado de donaciones (las cuales se expresan a través de contribuciones de los Estados miembros, de Observadores Permanentes, de Estados no miembros y de otros). Lo que es muy revelador es la proporción que ocupan los recursos específicos. En el caso de la CIDH, durante el 2015 más de la mitad de su presupuesto total (el 56%) provino de este tipo de recursos, en tanto sólo el 44% de las contribuciones regulares de la OEA. Cfr. CIDH, Informe Anual 2015, pág. 872. Consultado el 23 de mayo de 2015, véase http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap6-ES.pdf

[2] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/069.asp

[3] De 2014 a 2015, la Comisión Interamericana aumentó el número de peticiones individuales recibidas, pasando de 1,758 en el primer año, a 2,164 el año pasado. Esta ha sido la tendencia año con año. Véase CIDH, Informe Anual 2015. Consultado el 23 de mayo de 2016, http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html.

Además de estas implicaciones vinculadas al trabajo sustativo de la CIDH, no puedo dejar de referirme a las consecuencias humanas de esta situación. Me refiero a la pérdida del empleo de funcionarios y funcionarias de la CIDH, que han dejado sus países para contribuir en la defensa y protección regional de los derechos humanos, cuyos proyectos de vida, así como los de sus familias, están anclados al trabajo de la Comisión.

En este escenario de déficit presupuestal, con las graves implicaciones que ello tiene en el funcionamiento de la Comisión Interamericana, órgano de entrada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no podemos dejar de referirnos a la disparidad enorme que hay entre los recursos que se destinan a otros sistemas regionales de protección de los derechos humanos y lo que se destina al interamericano, en tanto es la razón principal para explicar la situación que enfrenta. La Corte Europea recibe aproximadamente 20% del presupuesto del Consejo de Europa[4]. Por su parte, la Comisión y la Corte Interamericanas recibieron en 2015 9.5% del presupuesto total de la Organización de Estados Americanos.

En un artículo de Camilo Sánchez[5] plantea una idea que me permito retomar en estas líneas: “La responsabilidad principal de la crisis [de la CIDH] es de los Estados dueños del sistema”.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos surge en el marco de la Organización de Estados Americanos, es decir, como una decisión de los 35 Estados que la conforman. Esto supone, un respaldo no sólo político, sino también económico para que los órganos que integran el sistema regional del protección puedan funcionar conforme a las facultades que les fueron conferidas por los propios Estados.

Si esto es así, cómo debe interpretarse que los Estados o no aporten sus cuotas anuales a la OEA, o no hagan esfuerzos adicionales para aumentarlas sabiendo que son insuficientes para financiar adecuadamente a los órganos a cargo de la protección regional de los derechos humanos.

Al momento de llevar a cabo sus aportaciones a la OEA, pero de manera particular en la coyuntura actual de grave crisis presupuestaria de la CIDH, los Estados del continente americano deberían mostrar ante sus nacionales, pero también ante los habitantes de toda la región, que aquel consenso que puso en el centro la vigencia de los derechos humanos cuando se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos sigue en pie y en función de éste respaldar de manera unánime la situación financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana.

La coyuntura actual debe llevar a los Estados que integran la OEA a reflexionar en dos sentidos. Primero, sobre lo mucho que ha aportado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la construcción de las democracias que tenemos, en el conocimiento de la verdad de graves violaciones, en la sanción de los responsables, el combate a la impunidad y en la reparación integral de las víctimas de estos hechos, en suma, en la vigencia de los derechos humanos en la región. Segundo, sobre la necesidad de que los dos órganos que integran el SIDH cuenten con recursos suficientes provenientes del fondo regular de la OEA para su funcionamiento, sin depender en ningún sentido de los recursos extraordinarios que puedan obtener. No hacerlo supondrá mantener un diseño presupuestal que no garantiza su estabilidad financiera.

[4] Flávia Piovesan, “Ius Constitutionale Commune Latinoamericano en derechos humanos e impacto del Sistema Interamericano: rasgos, potencialidades y desafíos” en Armin von Bogdandy, Héctor Fix Fierro y Mariela Morales Antoniazzi (Coordinadores). (2014). Ius Constitutionale Commune en América Latina: rasgos, potencialidades y desafíos. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Max Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht e Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, p. 80.

[5] “El silencioso jaque mate a la CIDH”, véase en http://interamericanhumanrights.org/el-silencioso-jaque-mate-a-la-cidh/